El Gobierno reglamentó el blanqueo popular permanente más amplio de la historia

Noticias Argentinas difundió que el Gobierno nacional reglamentó el denominado blanqueo popular permanente, al que definió como el más grande de la historia argentina, en el marco de un cambio profundo del régimen tributario y financiero vigente durante las últimas décadas.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que el país deja atrás un sistema caracterizado por el cepo cambiario, la alta inflación, la volatilidad macroeconómica y una estructura impositiva asfixiante, que empujó a millones de argentinos hacia la informalidad y la evasión. Según esta visión, la política terminó expulsando a los contribuyentes del sistema formal y luego los persiguió como infractores, mientras los verdaderos delitos económicos quedaban relegados.

En ese contexto, la Ley de Inocencia Fiscal busca revertir esa lógica y restituir la libertad de los ciudadanos para disponer de su dinero sin presunciones automáticas de ilegalidad. A partir de ahora, remarcaron desde el Gobierno, el principio rector será que los ahorros personales pertenecen a sus titulares y no requieren justificación retroactiva.

El nuevo esquema se apoya en tres pilares centrales. El primero es el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), una modalidad que permite tributar el impuesto sin que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) exija explicaciones sobre el patrimonio acumulado ni sobre los gastos personales. Quienes adhieran podrán regularizar ahorros que estaban fuera del sistema formal y utilizarlos libremente, ya que el régimen no contempla revisiones hacia atrás, sino únicamente sobre la facturación futura.

Desde el Gobierno señalaron que esta herramienta permitirá, por ejemplo, que empresarios pymes reinviertan ahorros no declarados en sus negocios, que familias puedan acceder a la compra de una vivienda o que herencias en efectivo puedan canalizarse al sistema financiero sin riesgo penal.

El segundo componente del nuevo marco normativo es el blindaje penal para los ahorristas. La reglamentación eleva el umbral de evasión simple a 100 millones de pesos y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos, al tiempo que reduce el plazo de prescripción del delito tributario de cinco a tres años. Además, se elimina el carácter penal de la evasión en los casos en que el contribuyente regularice su situación tras ser notificado, mediante el pago de lo adeudado.

En la práctica, esto implica que quienes se inscriban en el Régimen Simplificado de Ganancias en los próximos meses no podrán ser investigados por períodos fiscales anteriores una vez vencido el nuevo plazo de prescripción.

El tercer eje de la reforma es la modificación de los umbrales de información obligatoria sobre depósitos y transacciones bancarias. Con la nueva reglamentación, se elevan sustancialmente los montos a partir de los cuales las entidades financieras deben reportar operaciones a ARCA, permitiendo realizar transacciones mensuales de hasta 10 millones de pesos —o su equivalente en dólares— sin que se genere un reporte automático al Estado.

Según el Ejecutivo, esta medida busca reducir la presión sobre los consumos cotidianos, fomentar la actividad comercial y permitir que los ahorros acumulados se utilicen sin temor a sanciones, al tiempo que ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF) podrán concentrar sus recursos en el combate contra los delitos económicos de mayor gravedad.

Con esta reglamentación, el Gobierno afirmó que se pone fin a un esquema en el que los contribuyentes eran tratados como sospechosos por defecto, y se inaugura una etapa en la que la presunción de inocencia vuelve a ocupar un lugar central en la política fiscal y financiera.